Una presentación radicada ante la justicia describe lo que califica como una maniobra de peculado de uso orquestada desde el propio Ministerio Público Fiscal. Según la denuncia, «el núcleo fáctico central de la presente denuncia lo constituye el delito de Peculado de Uso y Sustracción de Efectos Públicos (art. 261 C.P.). Los bienes objeto del delito (vehículos secuestrados) se encontraban legal y materialmente bajo la custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) – Unidad Operacional Mar del Plata».

Los vehículos en cuestión fueron secuestrados en el marco de la causa federal FRE 8370/2017 y pertenecen a empresas que no fueron imputadas ni condenadas en el proceso penal. Sin embargo, según la denuncia, fueron retirados del predio de la PSA sin autorización judicial alguna y utilizados por funcionarios públicos. El denunciante relata que, al presentarse en la sede de la PSA en cumplimiento de una obligación procesal, advirtió que «la mayoría de los vehículos que deberían estar ahí por orden judicial no estaban, por lo que pregunte al personal de guardia y me responden ‘A no sé jefe, acá vienen y se los llevan nomás’».

La denuncia es particularmente contundente respecto al rol del fiscal general federal Federico Martín Carniel: «Aquí radica el núcleo de la maniobra de peculado. El Fiscal General Federal Federico Carniel no solo permite este uso indebido, sino que lo planificó procesalmente». ¿Cómo? Según la presentación, Carniel «omitió dolosamente ofrecer e individualizar la flota de alta gama (Amarok, Hilux, Ecosport, Fiesta Titanium, etc.) como prueba de cargo» para el juicio oral. La denuncia se pregunta: «¿Por qué el Fiscal no ofrece como prueba los autos que supuestamente provienen del lavado, que el mismo promovió su secuestro? La respuesta es unívoca: para mantenerlos en las sombras. Al no incluirlos en la lista de prueba del juicio, evita que el Tribunal ordene su inspección o pericia, creando una ‘zona gris’ administrativa que facilita su uso clandestino».

Mientras tanto, los rodados acumularon infracciones de tránsito a nombre de sus titulares registrales. La denuncia detalla que vehículos como la Ford Ecosport dominio NNC326, la Amarok V6 dominio AE447MM, la Ford Fiesta dominio NQW947 y otros «tenían multas millonarias, aproximadamente $40.000.000, por exceso de velocidad, carnet vencido, en zonas turísticas», generando juicios de apremio que «mantienen ilegal e ilegítimamente inhibición de las empresas» propietarias.

La presentación también señala que «la orden judicial original dispuso expresamente que los bienes quedarán depositados en Mar del Plata. La violación de dicha orden —mediante el retiro, uso o tolerancia de circulación de los rodados— configura el inicio del iter criminis y el quiebre del deber de custodia». Al mismo tiempo, los vehículos que no resultaron de utilidad para los funcionarios «quedaron en completo estado de abandono con destrucción total en el predio de PSA, con pastizal que literalmente tapan los vehículos desechados».

La denuncia concluye que «este cuadro fáctico permite sostener, con un grado de verosimilitud suficiente para esta etapa, la existencia de peculado de uso, abuso de autoridad, desviación de poder y administración fraudulenta de bienes secuestrados, todo ello en perjuicio de empresas no imputadas y con afectación directa del derecho de propiedad y del debido proceso».